lunes, 11 de marzo de 2024

Dura lex, sed lex

 “El hombre es un animal político”. Si el autor de esta frase, Aristóteles, contemplara la situación española añadiría: “Y bien que se lo pasan algunos haciendo todo tipo de animaladas”.

El caso Koldo nos ha mantenido entretenidos las últimas semanas. Los contrapoderes del partido gobernante (oposición, policía y jueces) harán bien en restregar hasta depurar todas las responsabilidades. Pero no nos despistemos. Lo verdaderamente trágico en la tragicomedia española es que estamos asistiendo a un golpe de estado perpetrado por el propio gobierno de la nación con la ayuda de las instituciones que previamente ha colonizado. El Gobierno dice que la conciliación nacional bien vale la ley de amnistía redactada por los propios secesionistas. No quieren oír la advertencia de Junts: “La amnistía es un paso hacia la plena independencia. No nos importa disgustar a la mitad de la población catalana y al 90% de los españoles de las restantes comunidades autónomas”.

Lo que más me sorprende del último episodio de la tragicomedia española son las tragaderas del Gobierno para aceptar todo lo que les pide el prófugo Puigdemont, amén del silencio cómplice de los diputados y votantes socialistas. Si tan convencido está el PSOE de la bondad de las propuestas de los secesionistas, debieran atreverse a reformar la Constitución siguiendo los trámites previstos en sus artículos 167 y 168. Ya sé que son preceptos muy exigentes. Pero esa exigencia es, precisamente, la que protege el actual estado de las autonomías frente a sus detractores. Y la que impedirá que al día siguiente de declarar la independencia de Cataluña, una parte de su territorio (digamos el área metropolitana de Barcelona) decida escindirse de la República catalana.   

“Dura lex, sed lex”. La ley es exigente, pero nos protege a todos cuando a todos nos obliga. 

La Tribuna de Albacete (11/03/2024)

domingo, 3 de marzo de 2024

El poder en la sombra. ¿Quién controla al poder económico?

 

En el catecismo marxista el poder económico es el poder en la sombra que maneja todos los restantes.  La empresa capitalista nació para explotar al trabajador y lleva dos siglos campando a sus anchas y dirigiendo los hilos de la política y cultura. ¡Nadie se atreve a controlar al poder económico? A mi entender, este mantra marxista no resiste la contrastación con la historia económica. La empresa capitalista ha sido el motor de la innovación, la prosperidad económica y los impuestos que sustentan al Estado del bienestar. También del empleo y de un salario real que no han cesado de crecer.

¿Pero quién controla el poder económico de las empresas? -La competencia. Los empresarios innovadores (verdaderos héroes de la sociedad capitalista) buscan beneficios extraordinarios. Lo consiguen de vez en cuando. Pero las nuevas empresas atraídas por esos beneficios les obligan a ajustar los precios a un coste de producción cada día más bajo. Y la tasa de beneficio vuelve a la “nueva normalidad” determinada por la mejor tecnología y mayores salarios.  

Por supuesto, los empresarios pueden falsear sus cuentas para engañar y aprovecharse ilícitamente. Ahora bien, tan pronto como el mercado perciba estas anomalías, se desplomará el valor de esa empresa. Así lo ilustra reiteradamente la bolsa de valores.

La prensa también nos informa de empresarios corruptos: corrompen y se dejan corromper. Curiosamente, casi todas estas prácticas derivan del contubernio entre empresas y Estado. Estamos pensando en las contratas de obras públicas, subvenciones, rescates… La solución no consiste en agrandar al Estado, sino en aumentar la transparencia privada y pública, así como la presión competitiva.

Los lectores escépticos están invitados a invertir 100 euros en la empresa que consideren más explotadora. Si los beneficios anuales que reciben superan el 5% de la inversión podrán darse con un canto en los dientes. Convencer a los políticos y sindicalistas que las empresas son la fuente de riqueza y empleo se antoja más difícil. Mi propuesta es tan simple como pagarles en acciones.

La Tribuna de Albacete (4/03/2024, cumpleaños de mi esposa)

domingo, 25 de febrero de 2024

El cuarto poder: mass media

 

Montesquieu nos enseñó que un Estado democrático de Derecho no puede funcionar sin la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En el siglo XX descubrimos que había un cuarto poder en la sombra: los medios de comunicación de masas (mass media, MM). La repetición continua de una noticia (verdadera o falsa) penetra en la mente de los ciudadanos hasta hacerles cambiar de opinión y voto.

Algunos consideran innecesario añadir un cuarto poder a la trilogía clásica. Discrepo. Cuantos más poderes compensen al partido gubernamental, mejor.

 Otros coartan la libertad de los MM bajo la excusa de que no están sujetos al control democrático. Discrepo. El control es ejercido (y al momento) por la competencia. Ciertamente, hay medios respaldados por grupos económicos. La parte buena de internet es que las redes sociales y las plataformas online llegan hasta los rincones más alejados de la nación y penetran en todos los estratos sociales.

 A mi entender, el verdadero peligro proviene de que estos medios de información se conviertan en una vía de desinformación, a través de las fakenews y la cancelación. “Calumnia, que algo queda”. Estos abusos pueden y deben ser atajados obligando al medio a presentar en el juzgado pruebas fiables de sus acusaciones. De no hacerlo quedaría condenado a pagar una fuerte indemnización. Todo eso en dos semanas

 Otro peligro, no menos real y grave, es que el gobierno controle y manipule los principales medios de comunicación. No veo la necesidad de una televisión pública. De admitirse alguna excepción, su director no debiera ser nombrado por el gobierno. Y los programas más delicados estarían conducidos por personas independientes. La tarea no es fácil pero tampoco imposible. La BBC es una prueba.

Conclusión: bienvenido sea el cuarto poder, y el quinto y el sexto.

La Tribuna de Albacete (26/02/2024)

domingo, 18 de febrero de 2024

Atar en corto al poder ejecutivo

 

La separación e independencia de poderes, es la piedra angular de un Estado democrático de Derecho. En las columnas de las dos últimas semanas hemos analizado las condiciones para asegurar la primacía del poder legislativo y la independencia del poder judicial. ¿De quién debemos defenderlos? -Del poder ejecutivo, que es tanto como decir, del partido político que lo encarna. Una vez alcanzada la Casa Blanca, el Kremlin o la Moncloa, la mayoría de los políticos estarán tentados de dominar la sociedad durante el resto de sus días. Hay que atar en corto al Gobierno para evitar que la democracia derive en una autocracia y el estado de derecho se convierta en un bazar persa donde se intercambian cromos.

El primer paso de la transformación consistiría en limitar el tamaño y discrecionalidad del Gobierno. Si su presidente decide doblar el número de ministerios han de saber que la asignación presupuestaria para cada uno se reducirá a la mitad. Otro tanto le corresponderá hacer al ministro que doble el número de altos cargos. Las decisiones siempre transparentes y sujetas a responsabilidad.

La corrupción de los políticos está fuertemente correlacionada con el tiempo que llevan en un cargo. De ahí la importancia de limitar la duración de los cargos políticos y exigirles un tiempo mínimo antes de volver a la política. Es difícil acabar con las puertas giratorias, pero sí podemos ralentizarlas. La política es un servicio que todos debiéramos ejercer de una u otra manera. Vivir de la política es otra cosa: un privilegio que nadie debiera tener.

El poder de los políticos se magnifica (y disimula) controlando el nombramiento de los directores de los organismos públicos. Le faltó tiempo al Gobierno para cambiar a los directivos de RTVE, CIS, INE, SEPI, CNMC, CNMV, Correos, Indra… La purga de altos cargos en la Administración desde 2019 alcanza al 82%. … Algo huele a podrido.

La Tribuna de Albacete (19/02/2024)

domingo, 11 de febrero de 2024

Salvar la primacía del poder legislativo

 Ya en su Preámbulo, la Constitución Española de 1978 (CE) dispone que su razón de ser consiste en “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular” encomendada al Parlamento. Lamentablemente esto no siempre es así. Si queremos evitar el deterioro progresivo de nuestro Estado democrático de Derecho hay que proteger la primacía del poder legislativo. 

Urge reformar la ley electoral para que el voto de todos los españoles valgo lo mismo. La reforma complementaria consistiría en convertir al Senado en una cámara de representación territorial. Mezclar la representación personal y territorial, es una fuente de problemas.

La segunda tarea consiste en evitar la injerencia del poder ejecutivo. En España el Congreso elige al Gobierno lo que facilita el recorrido de las leyes propuestas por este último. Lo que no se puede tolerar es que tales propuestas se aprueben por una simple votación (SÍ/NO), saltándose los trámites establecidos para cada tipo de leyes. Más grave todavía: el Gobierno se ha acostumbrado a legislar directamente por Decreto-ley, haciendo caso omiso del requisito de “urgente necesidad”. 

Por último, pero no menos importante, las cámaras legislativas han de respetar escrupulosamente los límites marcados por sus reglamentos de actuación y los principios constitucionales. Para eso están los letrados de las cámaras y los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Aquí radica la principal debilidad de nuestro sistema constitucional. Tras asegurarse el control del Congreso y TC, el Gobierno actual está alterando el espíritu de la CE. Inaceptable. La Constitución solo puede ser reformada siguiendo los cauces recogidos por ella misma.  

La Tribuna de Albacete (12/02/2024)