La guerra de la sanidad

Quería escribir un artículo sobre “la sanidad en tiempos de guerra” y, sin querer, lo he titulado “la guerra de la sanidad”. Qué le vamos a hacer, es lo que hay. El Estado español puede y debe centralizar las competencias sanitarias mientras se libra la guerra contra el coronavirus. Problemas globales reclaman soluciones globales. Estas han de venir de la OMS y ser apuntaladas por cada uno de los 200 estados del mundo. La razón: es en el territorio nacional donde la movilidad personal es máxima.  

El Estado español es el último responsable del control de la pandemia en España. Ello no significa que las medidas hayan de aplicarse a toda España ni que la gestión directa corresponda a la clase política. Lo suyo es que las propuestas emanen de un Comité de Crisis compuesto básicamente de epidemiólogos. Añádase algún economista que ponga sobre la mesa las consecuencias económicas de las medidas propuestas por los sanitarios.

                La clave de una buena gestión estriba en que quien tome las decisiones asuma las consecuencias y responsabilidades. Me temo que quienes defienden la vuelta al confinamiento total, son políticos o funcionarios que siguen cobrando lo mismo, aunque no trabajen o hagan unas gestiones mínimas por teletrabajo. Un cuarto de la población no tiene esa suerte y cuando la pandemia esté controlada podría ocurrir que no encontrara su antigua empresa. Aun a riesgo de ser defenestrado por mis compañeros de universidad o mi propia familia, propongo que, en caso de un confinamiento total, los políticos, funcionarios y demás personas que dependemos del erario público suframos un recorte salarial del 25%. Serviría para aliviar a los que pierden todos sus ingresos. También para que antes de repetir una decisión de tal calibre, los expertos y políticos se aseguren de su absoluta necesidad.

La Tribuna de Albacete (16/11/2020)

¿Miedo al pluralismo?

El primer epígrafe de mi curso de Introducción a la Economía estudia “las necesidades humanas, los bienes para satisfacerlas y las formas de organizar su prestación”. La educación me brinda un buen ejemplo.  ̶ “Supongo, digo a mis alumnos, que todos estaréis de acuerdo en que la educación básica ha de ser universal y gratuita, y que los centros educativos han de procurar el máximo de calidad y de neutralidad ideológica. Enseñanza gratuita, de calidad y pluralista. ¿Añadiríais algo más?” Rápidamente se levantan varias manos para rematar: —“… y pública”. Yo aprovecho para meter el dedo en la llaga: —“¿Y si se comprueba que la competencia entre centros públicos y privados estimula la calidad educativa tal y como ocurre en el resto de los sectores? ¿Y si se demuestra que la diversidad de ofertas educativas es la mejor salvaguarda del pluralismo ideológico y político, tal y como ocurre en los medios de comunicación?”

Los políticos miedosos y totalitarios aspiran al monopolio de la educación. Es la manera de proteger su parcela de poder al tiempo que colonizan el sistema de valores de sus futuros votantes. Los políticos que de verdad valoran el pluralismo procuran la diversidad de centros docentes con solo dos condiciones: que justifiquen unos resultados académicos satisfactorios y que respeten los derechos fundamentales de la persona. Esa misma preocupación debiera estar presente en los colegios públicos. Si las autoridades que los gobiernan consideraran oportuno introducir una asignatura de valores, debieran acompañarla de alternativas y respetar escrupulosamente la libertad a los padres para elegir el tipo de valores que desean para sus hijos.

              Detrás de la Ley Celáa (LOMLOE) se aprecia una adicción al poder monopolista y un miedo enfermizo al pluralismo. Afortunadamente, es difícil construir instituciones perdurables con la argamasa del miedo y machacando la libertad. Como viene ocurriendo desde la LOGSE de 1990, no durarán más de 4 años. ¿Por ventura puede alguien poner puertas al mar?    

La Tribuna de Albacete (9/11/2020)

Democracia en América

            En 1835 Alexis de Tocqueville escribió “Democracia en América”.  Un clásico de la literatura política y sociológica. El autor destaca el sustrato favorable suministrado por los valores admirados por la sociedad americana: la libertad religiosa, de educación y de expresión en lo social, la iniciativa privada en lo económico y el amor por la democracia y la patria en lo político. Suficientes para armar una Constitución donde el Estado era el primer obligado en respetar las libertades personales. Y así fue, con la ignominiosa excepción de la esclavitud.  Nada que ver con el confesionalismo de Inglaterra ni con el laicismo liberticida de su país natal, Francia. 

           ¿Qué conclusiones podemos sacar 185 años después de la obra de Tocqueville y 233 después de la Constitución americana? Ante todo, una profunda admiración por su estabilidad democrática. Desde que George Washington firmó el cargo como primer Presidente de los EE.UU. ha habido elecciones cada cuatro año, el primer martes después del primer domingo de noviembre. Vergüenza para nosotros, los españoles que en cuatro años hemos debido tenido cuatro elecciones generales.

       Para asegurar esta estabilidad política los americanos diseñaron un sistema de contrapesos de poderes. A resaltar la independencia judicial en cuya cúspide se asienta el Tribunal Constitucional. También un sistema federal que da voz y voto, en sus respectivas esferas competenciales, a cada uno de los 50 estados federados.

No menos importante para la estabilidad es una ley electoral que apuesta claramente por el bipartidismo. Las diferencias entre grupos de izquierda y grupos de derecha se liman antes de la gran cita electoral de noviembre El partido que consiga la mayoría tendrá cuatro años para ejecutar su programa. Pasado ese tiempo los ciudadanos le juzgarán por lo que haya hecho y dejado de hacer. Los líderes de cada partido saben que para ganar las elecciones hay que atraer a los ciudadanos normales y corrientes que pueblan el centro político. No les queda más remedio que ofrecer un programa sensato que salvaguarde los grandes valores de la sociedad americana ya enunciados.  Si un presidente se porta tan mal tan mal que merece la expulsión ("impeachment"), le sucederá el vicepresidente (de su propio partido).

              Mañana tendremos el veredicto sobre los cuatro años de la Administración Trump. Ninguno de los candidatos lo celebrará antes de tiempo. Otro de los rasgos de la democracia americana es que hay una masa flotante de electores que decide en el último momento. Lo único que no soporta son las mentiras. 

La Tribuna de Albacete (02/10/2020)

La justicia tiene los ojos vendados

             

Hay problemas cuya solución se antoja difícil, por no decir imposible. El conflicto árabe-israelí o el separatismo de aquí y allí, suministran dos ejemplos. Otros problemas no menos importantes tienen, sin embargo, una solución sencilla, con tal que haya voluntad en resolverlos. Pienso en la independencia judicial que tanto revuelo ha levantado en España y en la UE durante los últimos meses.

                El quid de la cuestión radica en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPD), responsable de la gestión de asuntos internos que pueden afectar al signo de las sentencias más controvertidas. La solución más sencilla, objetiva y general consiste en sortear esos asientos entre los jueces interesados y que cumplan determinados requisitos. La segunda solución (second best), es que los jueces elijan directamente a sus representantes.  

El sistema actual admite la elección de los miembros del CGPJ (no necesariamente jueces) por el Parlamento. La fuerte mayoría exigida (3/5) evita las manipulaciones del Gobierno,  pero no los peligros de repartirse el botín judicial entre los dos o tres partidos mayoritarios. La última propuesta del Gobierno, que rebaja la mayoría parlamentaria al 51%, asestaría la puñalada de muerte a la independencia del poder judicial.

Igualmente nefasta me parece la permisión de organizaciones judiciales con sabor político. Cualquier decisión del Gobierno siempre será respaldada por su organización afín, la progresista o la conservadora. ¿Dónde queda la independencia del poder judicial!?

Y no hablemos de los juicios paralelos desarrollados en las Comisiones parlamentarias de investigación. Si el Gobierno y sus aliados detentan el 51% de los escaños que les confiere tres de los cinco miembros de la Comisión, es evidente que la oposición perderá todos los casos investigados por tres a dos. ¡Que ganas de perder tiempo y machacar la separación de poderes!

Alguno considerará inadecuado aislar a la judicatura de las ideologías políticas, siempre en evolución. Y tachará de paleto al juez que ha de juzgar a un político del que ni siquiera ha oído hablar. Pues no. Es la mejor garantía de que las sentencias solo estarán sometidas a las leyes, a su vez, circunscritas a la Constitución. ¿O es que vamos a arrancar la venda que ciega a la Justicia, en todas sus representaciones?

La Tribuna de Albacete (26/10/2020)

Checks and balances

             La democracia es la mejor contribución de la Edad Moderna a la civilización occidental. Los Padres de la Nación Americana y de su Ley Fundamental de 1787 dejaron claro que para sostener una democracia era indispensable un sistema de checks and balances donde los poderes se controlan y contrarrestan mutuamente. Además de los tres poderes clásicos auspiciados por Montesquieu en 1748 (legislativo, ejecutivo y judicial), advirtieron de la necesidad de una Constitución cuyos principios vincularían a todos los poderes públicos, cuyo intérprete y garante sería el Tribunal Constitucional y cuya modificación requeriría de una mayoría muy cualificada. El segundo contrapeso es la organización federal. El Gobierno central compartiría competencias con los estatales (regionales), posiblemente de diferente color político.

                La Constitución española recoge todos y cada uno de estos contrapesos y añade otro: la monarquía. El Rey es un Jefe de Estado que no está sometido a la presión directa de los partidos, ni a esa visión cortoplacista que obnubila a quienes deben ganar elecciones cada cuatro años.

La necesidad de asegurar la eficiencia en la gobernabilidad ha diluido la separación entre los poderes legislativo y ejecutivo. Se trata de un fenómeno generalizado y una razón adicional para reforzar la independencia del resto de poderes. Lamentablemente la izquierda española puja en sentido contrario. Con la excusa de acercar las instituciones al pueblo, socialistas y comunistas desean que el Parlamento (el 51% de los parlamentarios) elija al Jefe de Estado y a la cúpula del poder judicial. La erosión del contrapeso autonómico la dejan a las derechas.

                Tales pretensiones son claramente inconstitucionales. Pero, puestos a la tarea, ¿qué nos impide cargarnos la Constitución por la vía de hecho? ¡Viva el poder absoluto de los políticos de bien! ¡Muera la separación de poderes, la democracia y la civilización occidental!

La Tribuna de Albacete (19/10/2020)