Fuera de juego y fuera de campo

Hace exactamente un año, Podemos presentó la Proposición de Ley sobre igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Esta propuesta, elaborada por el propio colectivo LGBTI, aspira a liderar la transformación social y moral del siglo XXI en el planeta Tierra. Introduce el derecho fundamental a la “autodeterminación humana” que nos obliga a tratar a cada uno según del género con el que se identifica, género que puede variar por un cambio de sexo o un cambio de humor. Nadie, ni siquiera los padres, pueden oponerse a estas prácticas o criticar la ideología de género que hay detrás so pena de fuertes sanciones. Por todos los medios a su alcance, en especial a través del sistema educativo, los poderes públicos quedan obligados a promover esa ideología.

La semana pasada se publicó el informe preceptivo de los letrados del Congreso. ¡Devastador! Descalifica jurídicamente 37 de los 90 artículos de la Proposición LGBTI. Con la excusa de crear un nuevo derecho, dicen los letrados, se machacan otros derechos fundamentales que sí están en la Constitución: libertad de pensamiento, libertad de expresión y derecho/deber de los padres a ejercer la patria potestad y tomar decisiones en la educación moral de sus hijos. La seguridad jurídica pierde su base cuando el género queda al albur del sentimiento. Lejos de evitar discriminaciones, la ley otorga unos privilegios al colectivo LGBTI que atentan contra la igualdad. Con una ley así, ¿quién no se apuntará al colectivo LGBTI?

El informe de los letrados no es vinculante. Podemos lo ha descalificado como retrógrado y confía que la mayoría progresista del Congreso sacará adelante la propuesta LGTBI. Antes de votar, los parlamentarios habrán de preguntarse quién progresa al torpedear la Constitución desde sus cimientos, desde el artículo 1.1 que “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Personalmente me inclino por retirar una propuesta que los letrados han declarado en fuera de juego. “Fuera de campo”, habría que decir. Además de contrariar el ordenamiento jurídico, ignora la propia naturaleza humana. Por favor, ¡basta ya de hacer experimentos con los niños!

La Tribuna de Albacete (07/05/2018)

Mayorías y mayorías

    Según sus defensores, el punto fuerte del independentismo catalán radica en el apoyo entusiasta y pacífico de la inmensa mayoría del pueblo catalán. El punto débil lo encontramos en la falsedad de tal afirmación. El voto independentista no ha pasado del 48% del censo. La magia de la ley electoral eleva esa cifra al 52% de los escaños. ¿Suficientes para hablar de esa “inmensa mayoría” que justifica la independencia por simple lógica democrática?  

   La legislación juega con diferentes mayorías según la trascendencia de la ley a debate. Para las leyes más trascendentes rigen mayorías cualificadas. El Estatut de Cataluña, por ejemplo, exige dos tercios (67%) del Parlament para cambiar la norma electoral o el propio estatuto de autonomía.

¿Qué mayoría habría de concertar una propuesta de independencia que implica la derogación del Estatut y la Constitución española? Tres cuartos (75%) del Parlamento regional parece una cifra razonable. Solo con un porcentaje así de alto, los independentistas estarían legitimados a hablar en representación de la inmensa mayoría de los catalanes. Solo con ese porcentaje, podrían conseguir el apoyo de grupos nacionales no independentistas, imprescindible para iniciar la reforma constitucional. Solo con ese porcentaje, se evitaría el riesgo de que la mitad del territorio catalán pida la secesión al día siguiente de proclamarse la República catalana; o que el bloque no independentista gane las próximas elecciones al Parlament.

Personalmente, no tendría inconveniente en tender un puente de plata a un partido independentista respaldado por el 75% de su electorado. Solo le pediría que, en el largo camino que le espera hasta conseguir ese porcentaje, renunciara a utilizar el sistema educativo y los medios de comunicación públicos como arietes proindependentistas. ¡La verdad, la igualdad y la libertad siempre por delante!

La Tribuna de Albacete (30/04/2018)

Deslealtad y 155

                La historia da perspectiva y la perspectiva nos permite fundar mejor nuestras decisiones. Apenas dos años median entre el día que la Generalitat y el Parlament optaron por la vía unilateral a la independencia y su consumación en la declaración de la República Independiente de Cataluña. Tiempo breve, pero suficiente para comprender que se trató de un auténtico golpe de estado, es decir, de la sustitución de la legalidad vigente al margen de la Constitución. No hubo violencia física pero sí desobediencia y deslealtad institucional a raudales.

El Gobierno optó por una respuesta de perfil bajo. Esperaría pacientemente hasta que se cometieran actos delictivos y los recurriría uno tras otro ante el Tribunal Constitucional. La judicialización del Procés le obliga ahora a respetar las decisiones de los jueces, gusten o no gusten.

         Lo que sí está en manos de los políticos es evitar un segundo Procés cuyos efectos ya nos resultan conocidos. Es la hora de la política. Es el momento de tomar decisiones ejecutivas que impidan la desobediencia flagrante e impune a las leyes y sentencias. De impedir que se utilice el dinero de todos los catalanes para la causa independentista abanderada por la mitad de ellos. De evitar que las instituciones catalanas gestionen sus competencias para poner palos en las ruedas del Estado español. De impedir que la deslealtad institucional campe a sus anchas, generando un ambiente de crispación irrespirable.

La deslealtad institucional puede compararse a ese compañero de equipo que te pone el dedo en el ojo cada vez que se cruza contigo. El entrenador no puede pitarle penalti, pero sí retirarlo a otra zona del campo menos transitada y menos decisiva. Solo por un tiempo, hasta que se serene y decida volver a aceptar las reglas del juego, amén de la lealtad con sus compañeros. En eso consiste el 155. Para aplicarlo no hace falta esperar a que el partido esté perdido.

 La Tribuna de Albacete (23/04/2018)

Pensiones e inflación

La reforma del sistema de las pensiones se ha encallado en un problema aparentemente menor: la inflación. ¿Deberían subir automáticamente las pensiones cuando la inflación sea positiva? Pensaremos en la respuesta a la luz de cuatro criterios: (1) Bienestar de los jubilados; (2) Sostenibilidad o viabilidad financiera; (3) Flexibilidad; (4) Estabilidad macroeconómica.

La incorporación de la inflación es deseable según el primero y el cuarto criterio. Una tasa de inflación del 10% reduciría, en una década, la capacidad adquisitiva de la pensión casi en dos tercios. ¡Los jubilados morirían de hambre! Desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica interesa que algunos elementos de la demanda agregada se mantengan constantes para compensar las continuas subidas y bajadas de la inversión privada que arrastran al consumo privado. El consumo de los pensionistas contribuiría a estabilizar el ciclo económico si el poder adquisitivo de sus pensiones se mantuviera constante, es decir, si la pensión incorporara la tasa de inflación. 

Quienes conocen las cuentas de la seguridad social objetarán: ¡Bastantes problemas de viabilidad financiera tenemos para que añadamos el coste de la inflación! No tienen en cuenta que la cláusula de la inflación aumenta simultáneamente gastos e ingresos. Los problemas de sostenibilidad financiera, que son previos a la inflación, se controlan mejor a través de la tasa de reemplazo o sustitución. En la actualidad, un trabajador español de salario medio cobra al jubilarse el 82% del mismo. La media de la Unión Europea es del 59%. Tenemos, pues, un holgado margen de maniobra. La maniobra consiste en modelar ese porcentaje cada cinco o diez años para asegurar que las cuotas cargadas a los trabajadores alcanzarán a pagar las pensiones de los jubilados durante los próximos años. Esta medida, acompañada de unos topes máximos y mínimos, merecería un juicio favorable desde los cuatro criterios expuestos. 

La Tribuna de Albacete (16/04/2018)

La ideología políticamente correcta

       A falta de buenas razones habrá que remover las emociones con propaganda masiva, leyes moralistas y asignaturas adoctrinadoras. Esto es lo que hace la ideología de género y, a juzgar por los resultados, no le va mal. Hace diez años, ¿quién se hubiera atrevido a decir que no hay diferencias sustanciales entre hombres y mujeres, pues cada uno es del sexo que quiere ser? ¿Quién rotularía los aseos públicos con tres carteles: “hombres”, “mujeres” y “otros”? ¿Quién se hubiera animado, o animara a otros, a cambiar de sexo? ¿Qué parlamento osaría imponer una asignatura para adoctrinar a los niños y encarrilar con sanciones a los profesores “rebeldes”?

        Por sorprendente que pueda parecernos, las ideas y prácticas emanadas de la ideología de género se han convertido en políticamente correctas. ¡Ay de quién se atreva a criticarlas! Tú puedes quemar en público la Biblia o una foto del Rey. Pero, pobre de ti, si criticas un renglón del manual de ideología de género. Tú puedes prohibir a tu hijo ver una película, pero pobre de ti si objetas a una de las asignaturas que ellos le obligarán a cursar o si le impides cambiar de sexo una vez que le hayan convencido que sus órganos genitales no son los adecuados.

         No nos amohinemos, la verdad acaba imponiéndose por su propio peso. Nuestras respuestas habrán de ser tranquilas pero insistentes, apelando siempre al sentido común, a la ciencia y a la libertad. Hemos de recordar una y otra vez que hombres y mujeres difieren en todas y cada una de sus células. Hemos de divulgar los estudios científicos que demuestran que la reasignación de sexo suele conllevar serios problemas psiquiátricos y un mayor índice de suicidio (20 veces superior según el Instituto Karolinski de Estocolmo). Hemos de denunciar el ataque perpetrado contra la libertad de expresión y contra el derecho a la educación moral de nuestros hijos. Están en juego los derechos fundamentales del ser humano recogidos en la Constitución. Está en juego la felicidad de nuestros hijos. 

La Tribuna de Albacete (09/04/2018)